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Full text of "Jacinto Albistur Relaciones"

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REUCIONES 


ENTRE ESPAÑA 

V 

LOS ESTADOS DIL RIO DE LA PLATA. 


DON JACINTO ALBISTUR, 

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO QUE HA SIDO DE S. M. EN DICHOS ESTADOS. 



MADRID: 

Imprenta de J. Martin Alegría, 
Paseo del Obelisco, núm. 2, (Chamberí). 

i86i. 







RELACIONES ENTRE ESPAÑA 


Y LOS 

ESTADOS DEL RIO DE LA PLATA. 


República oriental del Uruguay. 
República Argentina. 




Mucho tiempo he vacilado, ó por mejor decir, 
mucho tiempo he esperado antes de resolverme á 
escribir sobre esta materia. Tenia al tratarla que 
arrostrar prevenciones arraigadas, no en el vulgo, 
sino en hombres de alta inteligencia. — ¿Quién me 
da hoy valor para tanto, á mí, desconocido en la 
prensa, á mí, cuyo nombre solo obtiene en la car- 
rera diplomática aquella modesta consideración que 
entre nosotros se otorga á los que solamente han 
tenido el honor de representar á España en las 
Repúblicas de la América del Sur? Ese valor nace 


— 4 “ 


(le convicciones profundas, adquiridas por el estu- 
dio y maduradas por la esperiencia: ese valor tiene 
su origen en el deseo de ilustrar la opinión pública, 
que tan poderoso indujo ejerce sobre la política de 
los gobiernos, en una cuestión que ba sido oljliga- 
cion mia estudiar á fondo, y en la cjue tengo evi- 
dencia de que es necesario modificar las pretensio- 
nes que hasta acjuí hemos sostenido. 

Afortunadamente empieza á comprenderse la gran 
importancia que tienen para España las Repúblicas 
fundadas por nuestros descendientes en el Nuevo- 
Mundo. Ya las complicadísimas cuestiones pendien- 
tes en Méjico deciden al Gobierno Español á enviar 
á aquella República uno de los hombres públicos 
mas importantes por su posición y por su talento: 
ya los sucesos de Venezuela ocasionan la retirada 
de nuestra Legación y dán lugar á que se discuta 
si debemos exigir con las armas la reparación do 
nuestros agravios: ya la emigración creciente de al- 
gunas de nuestras provincias al Nuevo-Mundo, da 
márgen á polémicas en la prensa periódica y aun á 
interpelaciones en el Congreso de Diputados: ya por 
último las cifras que representan el movimiento 
mercantil, creciente en el Rio de la Plata, llaman 
la atención sobre la importancia de aquel mer- 
cado. 

Los conflictos ({ue ocurren frecuentemente en las 
relaciones de España con muchas de las Repúblicas 
Hispano-Americanas, deben llamar y llaman sin du- 
da sériamente la atención del Gobierno de S, M. 



Es evidente que una de las causas principales de 
esos conflictos, es el desquiciamiento en que aun se 
encuentran aquellos nacientes Estados; pero no ca- 
be duda tampoco en que muchas veces pueden evi- 
tarse esos conflictos, estudiando con madurez y con 
sereno juicio las diversas cuestiones que se venti- 
lan, y resolviéndolas en tiempo oportuno y antes 
de que la complicación de los sucesos las haga in- 
solubles. 

Nuestro interés político en los Estados Hispano- 
Americanos, consiste en que se aglomeren en ellos 
elementos de paz, que se consoliden nacionalidades 
fuertes y poderosas, que se formen, en una palabra, 
pueblos florecientes, capaces de asegurar la pre- 
ponderancia de nuestra raza en aquellas vastas re- 
giones. — Nuestro interés comercial se enlaza con 
el interés político; pues la prosperidad de aquellos 
paises y el predominio de la raza española abrirá 
en ellos nuevos mercados al comercio español, y 
dará mayor importancia á los que hoy existen. 

Y obsérvese cuán identificado se halla nuestro 
interés con el de los mismos Estados Hispano-Ame- 
ricanos. A ellos, como á España, importa consoli- 
dar y desarrollar los elementos que constituyen su 
nacionalidad. Lejos, pues, de haber disidencias po- 
líticas entre nosotros, el propio interés debe guiar- 
nos á todos hácia un mismo fin; pudiéndose por 
tanto asegurar, sin temor de equivocarse, que cuan- 
do surge entre España y los Estados Hispano-Ame- 
ricanos una controversia política, hay error en al- 



— 6 — 


gima de las partes sobre lo que conviene á sus ver- 
daderos intereses. 

í Pejo á los historiadores juzgar la política de Es- 
paña en sus Colonias Americanas. — No es necesario 
para mi propósito tomarlas cosas desde tan lejos. — 
Recordaré solo que poco después de haber saluda- 
do España el restablecimiento de las instituciones 
representativas, las Córtes generales del Reino, por 
Decreto de 4 de diciembre de 1836, autorizaron al 
Gobierno de S. M. para celebrar tratados de Paz y 
Reconocimiento con los nuevos Estados Hispano- 
Americanos. Se renunció, pues, desde 1836 átodo 
propósito de reconquista; proclamóse la convenien- 
cia de reconocer como independientes de la Corona 
de España aquellos vastos territorios, pedazos antes 
de nuestra patria. — Esta resolución no tuvo por 
cierto nada de prematura. — Reconocidos se halla- 
ban aquellos Estados por las primeras Potencias del 
mundo, y desgraciadamente las que allí [tenian in- 
tereses, se habian aprovechado de la ausencia de la 
España para obtener concesiones importantísimas 
de ios nuevos gobiernos, para estender en aquellos 
paises su influencia y su comercio, y para introdu- 
cir en ellos la afición á sus productos y á sus arte- 
factos. — El largo retraimiento de la España habia, 
pues, perjudicado positivamente á nuestros intere- 
ses. — Se habia dejado pasar la ocasión en que hu- 
biéramos podido obtener de las Repúblicas Hispa- 
no- Americanas, en cambio del reconocimiento de 
su independencia, concesiones y privilegios exclu- 



_ 7 — 


sivos tan importantes, que saliéramos gananciosos 
con la emancipación de nuestras antiguas Colo- 
nias ^ En el año 1836 no podíamos ya aspirar á 
obtener de las Repúblicas Hispano-Americanas con- 
cesiones y privilegios exclusivos; pero debíamos 
apresurarnos á asegurar para la España los que ha- 
bían obtenido otras naciones, á estender nuestro co- 
mercio en los Estados Hispano- Americanos y á dar 
garantías de seguridad y protección á los españoles 
en ellos residentes. — Desgraciadamente no se pro- 
cedió con la actividad conveniente á poner en prác- 
tica el pensamiento del Decreto de las Cortes de 
1836; y hoy es el dia en que, después de transcur- 
ridos veinticuatro años desde aquel Decreto, no se 
han celebrado aun los Tratados de Paz y Recono- 
cimiento con las Repúblicas del Perú, de Nueva 
Granada, de Bolivia, del Uruguay, del Paraguay, 
de Goatemala, Honduras y el Salvador. 

No es mi ánimo en este momento examinar por 
menor las causas de esta situación de la España, 
respecto de cada una de esas Repúblicas; con casi 
todas ha habido negociaciones; con muchas se han 
íirmado tratados que no han sido ratificados. Al Go- 
bierno Español no puede culparse de que no esté 


1 Para que no se crea exajerado este aserto, citaré aqui un hecho 
histórico notable. Durante la guerra de la Independencia de América, 
el general San Martin envió á uno de ios generales españoles en el 
Perú, un pliego con un proyecto de Tratado.— Después de redactar 
el articulo 1 .“, que contenia el reconocimiento de la Independencia, 
el general San Martin invitaba al general español á que estendiese los 
demás, comprometiéndose de antemano á aceptarlos y firmarlos in- 
mediatamente. 



— 8 — 


dispuesto á la reconciliación: lo que puede y debe 
lamentarse es que se haya hecho depender la cele- 
bración de los Tratados con muchas de esas Repú» 
blicas, de condiciones absolutamente inadmisibles 
para ellas, inconvenientes para la España, no jus- 
tificadas por los precedentes, y completamente age- 
nas á la índole y naturaleza de esos mismos Tra- 
tados. 

A combatir estas condiciones, á destruir con ellas 
el obstáculo mas grave, el único invencible que hoy 
se opone á la reconciliación oficial y solemne de la 
España con algunas de las mas importantes entre 
sus antiguas Colonias, voy á consagrar mis esfuer- 
zos, continuando así por medio de la prensa, por 
el único medio de que hoy puedo disponer, la tarea 
que comencé hace cinco años en la esfera diplomá- 
tica. — A pesar de la debilidad de mis fuerzas, ten- 
go completa confianza en el triunfo. — ¡Tan clara es 
la razón que asiste á la causa que defiendo! ¡Tan 
profunda convicción han creado en mí el estudio y 
la esperiencia! ¡Tan persuadido estoy de que la ra- 
zón acaba por vencer, aunque se halle completa- 
mente destituido de autoridad el que la sustenta! 

II. 

Los Estados del Rio de la Plata, es decir, las 
Repúblicas que se formaron en el antiguo vireinato 
de Buenos Aires, son evidentemente, entre todas 
las de la América del Sur, las mas importantes para 



— 9 — 

la España. — Esta importancia proviene de la nume- 
rosa población española que en aquellos Estados 
reside, y de la extensión que en ellos han adquiri- 
do nuestro comercio y nuestra navegación. Basta 
para convencerse de ello tener presente, que el nú- 
mero de españoles en el Rio de la Plata, según los 
cálculos mas probables, pasa de 50.000; y que el 
mercado que en aquel pais encuentran los produc- 
tos españoles, no cede en importancia sino al de la 
Isla de Cuba. Agréguese á esto que la población 
española crece de dia en dia; porque libres ya en 
aquellos paises los españoles de las persecuciones 
que en otros sufren, y encontrando facilidad para 
mejorar su suerte por medio del trabajo, no es de 
presumir se contenga la corriente de la emigración. 

Por su mayor importancia deben, pues, llamar 
con preferencia nuestra atención las relaciones en^ 
tre España y los Estados del Rio de la Plata. 

Voy á hacer una breve reseña del curso que has- 
ta hoy han seguido estas relaciones, empezando por 
la República Oriental del Uruguay. — Respetando 
como debo lo que no es del dominio público, solo 
haré uso de los datos que resultan de libros, perió- 
dicos y documentos que han visto la luz pública en 
España ó en América. 


III. 


Antes de que la España mostrase su disposición 
á entrar en negociaciones para el reconocimiento 



— 10 — 

de la independencia de los Estados Hispano-Ameri- 
canos, ya la República del Uruguay, por una ley 
sancionada en Montevideo en 19 de julio de 1835, 
dispuso que los buques españoles fuesen admitidos 
y considerados en los puertos de la República 
Oriental, en la propia forma que fuesen admitidos 
y considerados los buques de la misma en España *. 
Esta medida, al paso que revelaba disposiciones 
amistosas, podia considerarse fundadamente como 
prueba de la influencia que ya en aquella época te- 
man los comerciantes españoles en Montevideo y 
de la importancia que se daba á nuestro comercio. 

En el año 1841 vino á Madrid el Sr. D. José 
Ellauri, ministro de Gobierno y Relaciones Exte- 
riores de la República del Uruguay, con el objeto 
de negociar el tratado de Reconocimiento de la in- 
tlependencia. — Era á la sazón ministro de Estado 
en Madrid, el Sr. D. Antonio González. — Abrióse 
la negociación y dio por resultado el Tratado de 9 
de octubre de 1 841 *■*. 

Por este Tratado se declaró (art. 6.”) que la ciu- 
dadanía en uno y otro pais, es un acto voluntario 
del agraciado y no forzoso. — La resolución de las 
reclamaciones sobre ciudadanía, se dejó á la consti- 
tución y á las leyes de ambos paises. 

El reconocimiento de la Deuda municipal y real, 
y la obligación de indemnizar á los que hubiesen 


1 Cantillo, pág. 869. 

2 Varela, Biblioteca del comercio del Plata. Tomo IV, pág, 310. 



— 11 — 


sufrido secuestros y confiscos, están contenidos en 
los artículos 8, 10 y 11, y por declaración separa- 
da anexa al mismo Tratado, se sentaban las bases 
de un buen tratado de comercio. 

Este tratado fué ratificado por el Gobierno de 
Montevideo el 23 de julio de 1842: mas habiendo 
salido del ministerio D. Antonio González, su suce- 
sor no creyó conveniente ratificarlo. El Tratado 
quedó, pues, nulo y de ningún valor, y los nume- 
rosos españoles, residentes en la República, tuvie- 
ron que continuar sufriendo el servicio de las ar- 
mas y las demás consecuencias de la falta de pro- 
tección de su Gobierno. 

Pronto se vió abrumado el Gobierno de S. M. por 
las reclamaciones de esos españoles, y mas aun por 
las de los comerciantes perjudicados en sus intere- 
ses por esta falta de protección, en un pais que se 
bailaba entregado á todos los horrores de la guerra 
civil. — Las Juntas de Comercio de algunas provin- 
cias marítimas, interesadas en el tráfico con el Rioi 
de la Plata, se hicieron eco de estos clamores, y 
en 1843 nombró el Gobierno Español, ministro re- 
sidente de S. M. en la República Oriental del Uru- 
guay, á D. Alejandro del Cantillo y Jovellanos, 
oficial del ministerio de Estado. —Expidiéronse al 
Sr. Cantillo las instrucciones correspondientes, y se 
hallaba disponiendo su viaje cuando le sorprendió 
la muerte. 

Algún tiempo después de su fallecimiento, fué 
designado D. Cárlos Creiis para pasar al Rio de la 



- 42 — 


Plata con el carácter de Encargado de Negocios y 
Cónsul general de España. El Sr. Creus pasó efec- 
tivamente á Montevideo á bordo de la fragata de 
guerra Perla, acompañada por el bergantín Héroe, 
y llegó á aquel puerto hácia fines de 1845. — Hallá- 
base entonces la ciudad de Montevideo sitiada por el 
general Oribe: sitio que se prolongó hasta octubre 
de 1851. — El Sr. Creus fué recibido con grande 
alborozo por ios españoles, que veian en él su li- 
bertador, y con mucha cordialidad por el Gobierno 
y por los naturales del pais, y obtuvo inmediata- 
mente la exención del servicio de las armas de los 
españoles, á quienes comenzó á espedir inmediata- 
mente sus cartas de nacionalidad. — Atendida esta 
necesidad del momento, el Sr. Creus abrió con Don 
Santiago Vázquez, ministro de Relaciones Exterio- 
res de Montevideo, la negociación para celebrar el 
Tratado de Paz y Reconocimiento, que se firmó el 
26 de marzo de 1846 *. 

En lo mas esencial es semejante este Tratado al 
del año 1841. Las diferencias mas notables son, 
que en el de 1846, se especifica la manera de ha- 
cer la indemnización á los que sufrieron secuestros 
ó confiscaciones, y se deja á su opcion el ser in- 
demnizados en papel ó en tierras del Estado. — En 
cuanto á nacionalidad, se permite por este Tratado 
(art. 15), que recobren la suya primitiva en el tér- 
mino de un año, los españoles que hubiesen adop- 


1 Varela, Biblioteca del comercio del Plata. Tomo IV, pág. 315. 



15 — 


lado la de la República. — En este Tratado de 1846 
no se estipuló la igualación de bandera, como se 
había hecho en el de 1841, sustituyéndose en su 
lugar la cláusula de la nación mas favorecida. 

Tampoco este segundo Tratado obtuvo la ratifica- 
ción del Gobierno Español. Bien es verdad que, in- 
dependientemente de la Opinión que formase acerca 
de las cláusulas del mismo, las circunstancias en que 
á la sazón se encontraba el gobierno de Montevideo, 
con el que habia tratado el Sr. Creus, hacian muy 
dudoso que pudiese resistir por mucho tiempo al 
ejército que le sitiaba; y era muy de temer, que si 
aquel Gobierno sucumbia, sucumbiese con él nues- 
tro Tratado, 

Quedó, pues, también este nulo y sin ningún va- 
lor. — Quedó desde entonces acreditada una Lega- 
ción en Montevideo, sin que existiese el Tratado de 
Reconocimiento: irregularidad manifiesta, que solo 
puede esplicarse por la presión que sobre el Go- 
bierno Español ejercieron los clamores de nuestros 
compatriotas y las necesidades de nuestro comercio. 
Este hecho demuestra evidentemente que el esta- 
blecimiento de relaciones oficiales con aquel pais, 
era una necesidad que no daba espera. Tan apre- 
miante fué, que para satisfacerla hubo que saltar por 
encima de todas las formas regulares, con perjuicio 
de los mismos intereses españoles, que no han ob- 
tenido hasta ahora las solemnes garantías interna- 
cionales que deben ser simultáneas con el recono- 
cimiento de la independencia. 



IV. 


Examinemos ahora sucintamente el curso que han 
seguido las negociaciones para celebrar el Tratado 
con la República Argentina. 

A la llegada del Sr. Creus á Rio Janeiro, de paso 
para el Rio de la Plata, en 1845, el general Guido, 
ministro Plenipotenciario de Rosas en el Rrasil, 
manifestó al mismo la satisfacción que tendría el 
Gobierno de Buenos Aires en verlo en aquella ca- 
pital. — El Sr. Creus practicó desde Montevideo al- 
gunas gestiones para conocer las verdaderas dispo- 
siciones de Buenos Aires, y se convenció de que 
el dictador no estaba en ánimo de eximir del ser- 
vicio de las armas á los españoles; siendo por con- 
siguiente imposible toda negociación *. 

Abrióse en el año de 1 851 la campaña de la coa- 
lición contra Rosas, y el general Urquiza, goberna- 
dor, capitán general de la provincia de Entrerio s y 
general en gefe del ejército coligado , fué el pri- 
mero que espontáneamente eximió del servicio de 
las armas, en la provincia de su mando, á los súb- 
ditos españoles, por decreto expedido en el cuartel 
general de San José, á 17 de julio de 1851, decla- 
rándoles en el goce de los derechos de los demás 
extranjeros. 

El 4 de febrero de 1852 se dió la batalla de Ga- 


1 Archivo americano de Bnenos Aires, 31 de agosto de 1846, 



— i5 — 

seros, á cuatro leguas de Buenos Aires, y en ella 
sucumbió Rosas y terminó su gobierno. — El que es- 
cribe estas líneas, que á la sazón se hallaba honra- 
do con la representación del gobierno de S. M. en 
el Rio de la Plata, se trasladó inmediatamente á 
Buenos Aires, y tuvo la fortuna de obtener conce- 
siones importantes. 

Obtuvo en primer lugar, del general Urquiza, la 
libertad de los españoles, que sirviendo en el ejér- 
cito de Rosas, fueron hechos prisioneros en la ba- 
talla de Caseros. 

Del Gobierno de la provincia de Buenos Aires 
obtuvo que expidiese un decreto eximiendo á los 
españoles del servicio de las armas, como antes se 
había hecho en la provincia de Entrerios. — Enton- 
ces, para hacer efectiva esta concesión, presentó el 
Encargado de Negocios en Montevideo su patente 
de Cónsul general en los Estados del Rio de la Pla- 
ta, y consiguió la autorización para establecer un 
consulado en Buenos Aires, nombrando interina- 
mente para desempeñarlo al súbdito español D. Vi- 
cente Casares * . 

Nada mas podía obtenerse en aquella época, en 
que no se había constituido gobierno general de la 
Confederación Argentina. 

De las negociaciones entabladas y seguidas por 
mí, cuando posteriormente tuve la honra de volver 
al Rio de la Plata como ministro Plenipotenciario 


1 Gaceta de Madrid de i.® de mayo de Í85^. 



— 16 — 


de S. M. no creo poder hablar aquí, puesto que 
nada se ha publicado acerca de ellas. Pasaré, pues, 
a decir que en el año 1857 vino á Madrid el Señor 
D. Juan Bautista Alberdí, como Plenipotenciario de 
la Confederación Argentina, y firmó con el Sr. mar- 
qués de Pidal, un Tratado de Paz y Reconocimien- 
to, que no fué aprobado por el Gobierno Argen- 
tino. 

Recibió el Sr. Alberdí nuevas instrucciones, vol- 
vió á Madrid en 1859, y firmó el 9 de julio otro 
Tratado, que obtuvo la ratificación de ambos Go- 
biernos, y cuyas ratificaciones se cangearon en Ma- 
drid un año después. 

Por el artículo 1.® de este Tratado, reconoce 
S. M. Católica como nación libre, soberana é inde- 
pendiente á la República ó Confederación Argentina, 
compuesta de todas las provincias mencionadas en 
su Constitución Federal vigente: es decir, con in- 
clusión de la provincia de Buenos Aires. 

El articulo 4." contiene el reconocimiento por la 
Confederación como Deuda consolidada de la Repú- 
blica, tan privilegiada como la que mas, de todas 
las Deudas contraidas por el Gobierno Español y sus 
autoridades en las antiguas provincias de España, 
que forman actualmente ó constituyan en lo sucesi- 
vo el territorio de la República Argentina, evacuado 
por aquellas en 23 de mayo de 1810. Se fija el mo- 
do de justificar y calificar estos créditos, estable- 
ciendo que las cantidades líquidas devengarán inte- 
rés desde un año después de cangeadas las ratifica- 



— !7 — 

clones del Tratado, aunque la liquidación se verifi- 
que con posterioridad. 

En el artículo 5.° se estipula la devolución de to- 
dos los bienes muebles ó inmuebles que hubiesen 
sido secuestrados ó confiscados durante la guerra de 
la Independencia de América, y la indemnización 
á los acreedores cuyos bienes hubiesen sido vendi- 
dos ó enagenados de cualquier modo. 

Por el artículo 7.® convienen ambas Partes con- 
trayentes, en que para fijar la nacionalidad de es- 
pañoles y argentinos, se observen las disposiciones 
contenidas en el artículo de la Constitución de 
la Monarquía Española y en la Ley argentina de 7 
de octubre de 1857. 

Parecia que ratificado este Tratado por ambas 
Partes contrayentes, solo restaba proceder á su eje- 
cución. — Desgraciadamente no ha sido asi. — La 
provincia de Buenos Aires ha protestado contra él, 
alegando que hallándose separada de la Confedera- 
ción cuando se celebró, no puede obligarle su cum- 
plimiento; y la Convención constituyente argentina, 
al proclamar la incorporación de aquella provincia 
al resto de la Confederación, ha declarado que el 
Tratado con España no será obligatorio para la pro- 
vincia de Buenos Aires: es decir, que reconocida 
solemnemente por la España la independencia de la 
Confederación Argentina, se pretende, contra todo 
derecho, eximir de las obligaciones del Tratado á 
la provincia mas importante de la República, á 
aquella en cuyo territorio reside la mayor parte de 

2 



-is- 
la población española, á aquella en la que tenemos 
grandes intereses mercantiles, y que por su pobla- 
ción, por su situación geográfica y por su riqueza 
es* la que tiene mayor importancia. 

V. 

Es incuestionable el perfecto derecho qne asiste 
al Gobierno Español para exigir la ejecución de es- 
te Tratado en Buenos Aires, lo mismo que en las 
demás provincias argentinas. El Tratado tiene todos 
los requisitos necesarios para ser perfectamente le- 
gal y obligatorio para ambas Partes contratantes: 
una y otra lo han ratificado, y las ratificaciones han 
sido solemnemente cangeadas. El Gobierno Español 
podia y debia reconocer el derecho que tenia el Go- 
bierno Argentino para tratar y obligarse en nombre 
de Buenos Aires, como en nombre de las demás 
provincias. — Buenos Aires no se habia proclamado 
nación independiente. — Buenos Aires habia repe- 
tido siempre, hasta en su Constitución, que no for- 
maba, que no quería formar una nación separada 
de la Bepública Argentina. — Ahora bien: en una 
nación no puede reconocerse mas que un Gobierno: 
aquel que es acatado y obedecido por la mayor par- 
te de los ciudadanos, y reconocido por las demás 
naciones. El Gobierno Argentino era acatado y obe- 
decido por trece provincias de las catorce que for- 
man la República: era el único reconocido por las 



— 19 — 

demás naciones, las cuales habían tratado con él, 
y cerca de él habían acreditado y hecho residir á 
sus ministros y agentes diplomáticos que antes re- 
sidían en Buenos Aires. El Gobierno Argentino, por 
último, había hecho repetidas tentativas para some- 
ter por la fuerza á Buenos Aires, demostrando así 
que lejos de aceptar la separación accidental de 
aquella provincia como un hecho definitivo, quería 
mantener la integridad del territorio argentino. 

Estaban, pues, en su pleno derecho los Gobier- 
nos Español y Argentino comprendiendo en el Tra- 
tado á la provincia de Buenos Aires, accidental- 
mente separada de la obediencia al Gobierno Fede- 
ral; y el Gobierno Español hizo un acto de alta con- 
veniencia política al comprender en un solo Tratado 
de Reconocimiento todo el territorio argentino, abs- 
teniéndose así de fomentar ni reconocer un fraccio- 
namiento deplorable. No es por tanto posible reco- 
nocer en la Convención Argentina de Santa Fé, el 
derecho de eximir á una provincia del territorio ar- 
gentino de la obligación de cumplir el Tratado que 
en nombre de todas celebró el Gobierno de la Re- 
pública. 

Pero de que el Gobierno Español tenga derecho 
de exigir la ejecución del Tratado firmado con el 
Sr. Alberdi, no se sigue que necesariamente deba 
hacer uso de ese derecho. No solo el derecho es el 
que determina la conducta de los gobiernos, y si 
bien nunca puede justificarse por el interés un ata- 
que al derecho, puede sí aconsejar, y en muchos 



— 20 — 


casos aconseja ia conveniencia que no se haga uso 
de un derecho. 

¿Es éste el caso en que se encuentra el Gobierno 
Español respecto de la República Argentina? 

Vamos á examinarlo, y veamos ante todo: ¿cuál 
es el inconveniente que encuentra Buenos Aires 
para aceptar el Tratado Hispano- Argentino ? ¿Qué 
inconveniente es ese tan fuerte, que la provincia de 
Buenos Aires ha hecho de la exención de las obli- 
gaciones del Tratado condición sirte qua non de su 
incorporación á la República ? Y generalizando mas 
la cuestión, ¿cuál es la razón de que, según se des- 
prende de la reseña hecha anteriormente, el esta- 
blecimiento de relaciones regulares con los Estados 
del Rio de la Plata por medio de Tratados de Re- 
conocimiento «ea tan difícil, que aun no se ha lo- 
grado llevarlo á completo efecto á pesar de las bue- 
nas disposiciones que indudablemente existen en 
una y otra parte? 

Esto es lo que me propongo examinar. — ; Ojalá 
que mis palabras lleven la misma convicción pro- 
funda que yo tengo, á los hombres que pueden re- 
mover esas dificultades y asentar sólidamente las 
bases de una cordial inteligencia que á ambos pue- 
blos interesa, y que ambos pueblos desean! 

VI. 

Tiempo es ya de decirlo. — El gran obstáculo que 
ha encontrado el establecimiento de relaciones re- 



21 - 


guiares con los Estados del Rio de la Plata, el que 
ha dificultado la celebración de los Tratados de Re- 
conocimiento, el que hoy viene á entorpecer la eje- 
cución del Tratado en la provincia mas importante 
de la República Argentina, es la exigencia del Go- 
bierno Español de que se reconozca la nacionalidad 
española á los hijos de los españoles nacidos en los 
Estados del Rio de la Plata, y el empeño con que 
ha hecho esta exigencia, condición imprescindible 
de la celebración de los Tratados de Recono- 
cimiento . 

Examinemos en esta cuestión el derecho, los pre- 
cedentes y la conveniencia. 

VIL 

Por la Legislación de España, el hijo sigue la na- 
cionalidad del padre. Este principio rige también en 
Francia, en Italia, y en general en las naciones cu- 
ya Legislación tiene por base el Derecho Romano. 
La razón en que se funda es la de la paz y conve- 
niencia de las familias, en las que se considera que 
podria ser elemento de perturbación la diferencia de 
nacionalidad entre padres é hijos. En esta misma ra- 
zón se fundan la mayor parte de los escritores de de- 
recho internacional, al establecer como regla que el 
hijo menor de edad, sigue la nacionalidad del padre. 

Pero ¿es este principio de aquellos umversalmen- 
te admitidos y practicados por los pueblos civiliza- 



22 — 


dos, que han venido á constituir el derecho común 
de las naciones? ¿No hay algunas en las que rige 
otro principio diferente? — Las hay: y de las mas 
poderosas, de las que marchan al frente de la civi- 
lización en nuestro siglo. — En nuestra Legislación 
el principio es que el hijo sigue la nacionalidad del 
padre: en la Legislación inglesa el principio es que 
el lugar del nacimiento determina la nacionalidad. 
La mera extracción, dice Bello, «es el mas débil 
de todos los títulos de ciudadanía, porque no su- 
pone por sí misma ninguna reciprocidad de bene- 
ficios ni de afecciones entre el ciudadano y la pa- 
tria; por consiguiente es el menos natural de todos. 
El domicilio y el privilegio, generalmente hablando, 
no puede competir con el nacimiento. La sociedad, 
en cuyo seno hemos recibido el ser, la sociedad 
que protegió nuestra infancia , parece tener mas 
derecho que otra alguna sobre nosotros; derecho 
sancionado por aquel afecto al suelo natal, que es 
uno de los sentimientos mas universales y mas 
indelebles del corazón humano.» Este es el prin- 
cipio fundamental de la Legislación inglesa en ma- 
teria de ciudadanía, y este es también, podemos 
decirlo así , el principio adoptado en América. 
Verdad es que la Inglaterra acoge como ciudadanos 
á los hijos de ingleses nacidos fuera de la Gran Bre- 
taña, cuando van á residir á la patria de sus pa- 
dres; pero mientras residen en el pais de su na- 
cimiento, no los reclama el Gobierno británico co- 
mo súbditos ingleses. 



23 — 


Lo que hace es reconocer el derecho que tienen de 
seguir la nacionalidad de sus padres el dia que 
salgan del pais de su nacimiento, y á esto ninguna 
otra nación puede oponerse. 

En los Estados-Unidos se sigue la misma Legis- 
lación: no solo porque la han heredado de su an- 
tigua metrópoli, sino porque las necesidades de 
aquella grande nación la reclamaban imperiosamen- 
te. ¿Cómo se hubiera constituido si no se hubiera 
asimilado y absorvido en su nacionalidad los ele- 
mentos europeos que la emigración llevaba á sus 
playas? ¿Cómo se hubiera robustecido el coloso 
americano si se le hubiera negado la facultad de na- 
cionalizar en su territorio la descendencia de esa 
numerosa emigración? 

Pues ese derecho, que no se disputa á los Esta- 
dos-Unidos de América, lo niega la España á las 
Repúblicas Hispano- Americanas: como si fuera lí- 
cito negar á unos Estados un derecho propio, que 
en otros se reconoce: como si ese derecho no fuera 
inherente al ejercicio de la soberanía: como si ri- 
giendo en el mundo dos principios diferentes en 
materia de nacionalidad, no fuera dueño cada Es- 
tado de adoptar entre los dos el que mas se confor- 
me con su propia conveniencia; como si fuera cuer- 
do que la España, en vez de procurar que se ro- 
bustezcan las nacionalidades Hispano- Americanas, 
hijas de nuestra raza, se empeñase en privarlas de 
los elementos con que únicamente pueden cobrar 
vigor, ofreciéndolas débiles y sin fuerzas á la inva- 



~ 24 — 


sion de la potente propaganda anglo-americana. 

Pero el principal argumento que en el terreno del 
derecho hacen los impugnadores de nuestra doctri- 
na, es el de la Constitución Española. Examinemos 
este argumento que á muchos parece invencible, y 
que á mí me ha parecido siempre especioso. 

Dice nuestra Constitución: «Son españoles; 

1. “ Todas las personas nacidas en los dominios 
de España. 

2. ” Los hijos de padre ó madre españoles, aun- 
que hayan nacido fuera de España.» 

Del contexto literal de estos dos párrafos pudie- 
ra deducirse que la España, al mismo tiempo que 
impone la nacionalidad española á todas las perso- 
nas nacidas en sus dominios, aun cuando sean hijos 
de padres extranjeros, reclama también la misma 
nacionalidad para los hijos de padre ó madre espa- 
ñoles, aunque hayan nacido fuera de España. 

La simple enunciación de esta hipótesis basta 
para comprender que no pudo entrar en la mente 
de los legisladores propósito tan absurdo. 

¿Qué quiere decir entonces el artículo constitu- 
cional? El Sr. D. José María Calatrava, ministro 
de Estado y Presidente del Consejo de Ministros 
en 1857, lo declaró solemne y oficialmente al vo- 
tarse y promulgarse la Constitución de aquel año. 
Las prescripciones del artículo constitucional no 
imponen una obligación á aquellas personas que 
conforme á las constituciones de otros paises pue- 
dan optar por otra nacionalidad: lo que hacen es 



— 2o — 


conferirles el derecho de optar por la española. 

¿ Pero esta opcion puede verificarse en todos los 
casos? ¿No puede haber ninguno en que la España 
no deba reclamar este derecho de opcion para las 
personas que conforme á la Constitución Española 
pueden ser subditos de España? 

Si así fuera, el Gobierno Español tendria que re- 
clamar la nacionalidad española, no solo para los 
hijos de padre español, sino también para los hijos 
de madre española nacidos en el extranjero; porque 
el artículo constitucional dice terminantemente, que 
son españoles los hijos de padre ó madre españo- 
les, aunque hayan nacido fuera de España. — Ahora 
bien: ¿sería posible semejante pretensión? ¿le ha 
ocurrido á nadie sostenerla? 

Pues sin embargo, ahí está la letra del artículo 
constitucional. Si se considera que conforme á él 
el Gobierno Español debe sostener la nacionalidad 
española del hijo de padre español nacido fuera de 
España, es forzoso sostener también que por la mis- 
ma razón debe reclamar como español al hijo de 
madre española nacido en el extranjero: pretensión 
absurda, que todas las naciones rechazarían, 

¿Cómo se sale entonces de este conflicto? — Re- 
conociendo que para aplicar las disposiciones de las 
leyes constitucionales, en materias que se rozan 
con el derecho de las demás naciones, es preciso 
respetar el que estas tienen de legislar en su propio 
territorio. Es decir, que en el caso de que se trata, 
el Gobierno Español podrá estender la nacionalidad 



— 26 — 


española á los hijos de padres españoles nacidos en 
el extranjero, en cuanto esto no se oponga á las le- 
yes interiores que en uso de su soberanía diesen 
los gobiernos de los países en que aquellos nacie- 
ron y á las que deben sujetarse mientras en ellos 
residan. Cuando vengan á España, libres son de 
optar por la nacionalidad española. — Cuando aun 
sin venir á España, salgan del pais de su nacimien- 
to, en su derecho estarán también si optan por ella, 
y en su derecho estará el Gobierno Español al con- 
siderarlos como españoles; pero mientras perma- 
nezcan en el pais de su nacimiento, la España no 
debe exigir que se les exima de la legislación que 
en esta materia rija en el pais. — Ya hemos visto 
que en cuanto á nacionalidad hay dos principios di- 
ferentes, y que cada nación adopta aquel que cree 
mas conforme con sus necesidades y sus intereses. 

Solo por esta doctrina pueden resolverse los con- 
flictos que en otro caso producirían las disposicio- 
nes adoptadas sobre nacionalidad por las constitu- 
ciones de varios Estados. Solo reconociendo el de- 
recho de todas las naciones de legislar en su propio 
territorio, conforme á uno de esos dos principios, 
puede darse solución á las encontradas pretensio- 
nes que surgirían, si ateniéndose exclusivamente 
cada una á las reglas de su Constitución interior, 
quisiera que estas reglas tuvieran aplicación, no solo 
en su propio territorio, sino también en el de otras 
naciones que se rijan por diverso principio. 



VIIÍ. 


Examinemos ahora los precedentes para ver si 
en ellos encuentra apoyo la pretensión sostenida por 
la España, ó si por el contrario son contrarios á 
ella. En la cuestión de que se trata, los hechos an- 
teriores que dehen consultarse como precedentes, 
son: l.®Lo que se haya hecho en los Estados del 
Rio de la Plata con extranjeros de otras naciones. 
2.® Lo que haya estipulado la España en sus Trata- 
dos con otras Repúblicas Hispano- Americanas. 

En cuanto al primer punto, bastará decir que 
ninguna nación, absolutamente ninguna, ha obteni- 
do jamás en ios Estados del Rio de la Plata lo que 
la España exige, á saber: que los hijos de extranje- 
ros nacidos en aquellos Estados y residentes en los 
mismos, sigan la nacionalidad de sus padres. En las 
convulsiones por que han pasado los Estados del 
Rio de la Plata, Francia, Inglaterra y el Brasil, han 
intervenido con sus soldados y con sus escuadras: 
les han prestado subsidios pecuniarios importantísi- 
mos: han ejercido por consiguiente en ellos una in- 
fluencia preponderante. Pues á pesar de eso, jamás 
han obtenido semejante concesión; nunca los Esta- 
dos del Rio de la Plata han renunciado al derecho 
de considerar como ciudadanos á los que. nazcan en 
su territorio. La Inglaterra ha reconocido explícita- 
mente este derecho en el año 1858, en virtud de 
instrucciones comunicadas por el Gobierno Inglés á 



— 28 — 

su cónsul en Buenos Aires. En cuanto á la Francia, 
sostuvo la doctrina de que el hijo debe seguir la 
nacionalidad de su padre, y en el año 1853 medió 
sobre esta cuestión una correspondencia diplomática 
entre el Gobierno de Buenos Aires y el ministro 
francés Mr. Lemoyne; pero nada pudo obtener este 
diplomático, y creo que desde aquella fecha no se 
ha reproducido la pretensión de la Francia, la que 
no por eso ha dejado de mantener cordiales relacio- 
nes con la República Argentina. 

Y la razón de esta constante negativa de los go- 
biernos del Rio de la Plata, se comprende perfec- 
tamente. Es para ellos cuestión de existencia. El 
dia en que reconociesen nacionalidad extranjera á 
todos los descendientes de extranjeros, ni tendrian 
ciudadanos para los cargos públicos, ni soldados 
para su ejército y guardia nacional. — Tomemos por 
ejemplo la República Oriental del Uruguay. — Se 
calcula que su población no pasará de 180.000 á 
200.000 habitantes, y que mas de una tercera parte 
son extranjeros, ¿A qué quedaría reducida la nacio- 
nalidad Oriental el dia en que á todos los descen- 
dientes de estos se reconociese la nacionalidad de 
sus padres? 

Por eso no puede esperarse que los Estados del 
Rio de la Plata cedan jamás en esta cuestión; y si 
alguno, en circunstancias dadas y especiales se alla- 
na á ceder en un artículo de un tratado, es bien se- 
guro que ese artículo no se ejecutará. 

Pero ya que en el Rio de la Plata todos los pre- 



— 219 ~ 


cedentes establecidos son contrarios á la pretensión 
que sostiene la España, ¿podrá esta apoyarla en sus 
estipulaciones con las otras Repúblicas Hispano- 
Ainericanas? — Voy á demostrar que no. 

El primer Tratado de Paz y Reconocimiento fiié 
el celebrado con la República de Méjico en el año 
1856. — Ningún artículo de este Tratado habla de 
nacionalidad. 

En 1840 se celebró el Tratado con la República 
del Ecuador. — En el artículo 12 del mismo se esti- 
puló lo siguiente: 

«Gomo la identidad de origen de unos y otros 
habitantes, y la no lejana separación de los dos 
paises, pueden ser causa de enojosas disensiones en 
la aplicación de lo aquí estipulado, entre España y 
el Ecuador, convienen las Partes contratantes: pri- 
mero, en que sean tenidos y considerados en la Re- 
pública del Ecuador como súbditos españoles los 
nacidos en los actuales dominios de España y sus 
hijos, con tal que estos últimos no sean naturales 
del territorio Ecuatoriano; y que se tengan y repu- 
ten en los dominios españoles como ciudadanos de 
la República del Ecuador los nacidos en los Esta- 
dos de dicha República y sus hijos, aunque hayan 
nacido en el extranjero.» 

No puede darse desistimiento mas terminante de 
la doctrina que hoy sostiene la España. — Serán con- 
siderados en el Ecuador como súbditos españoles 
los nacidos en los actuales dominios de España y 
sus hijos, con tal que estos últimos no sean natura- 



— 30 — 

les del terriíorio Ecuatoriano: es decir, se reconoce 
como Ecuatorianos á los nacidos en el Ecuador, 
aunque sean hijos de padres españoles. 

En 1844 se celebró el Tratado con la República 
de Chile. En el articulo 7.® del mismo se estipuló, 
como se habia hecho con el Ecuador, que se ten- 
drían y respetarían en la República de Chile como 
súbditos españoles los nacidos en los actuales do- 
minios de España y sus hijos, con tal que estos úl- 
timos no sean naturales del territorio Chileno. Se 
consignó, pues, por otro acto solemne el esplícito 
desistimiento de la doctrina que hoy sostiene la 
España. 

En 1845 se celebró el Tratado con la República 
de Venezuela. Véase lo que en él se estipuló sobre 
nacionalidad. 

«Artículo 15. Para borrar de una vez todo ves- 
tigio de división entre los súbditos de ambos países, 
tan unidos hoy por los vínculos de origen, religión, 
lengua, costumbres y afectos, convienen ambas Par- 
tes contratantes:» 

«1.® En que los españoles que por motivos par- 
ticulares hayan residido en la República de Vene- 
zuela y adoptado aquella nacionalidad, puedan vol- 
ver á tomar la suya primitiva; dándoles para usar 
de este derecho el plazo de un año, contado desde 
el dia del cange de las ratificaciones del presente 
Tratado. El modo de verificarlo será haciéndose ins- 
cribir en el Registro de españoles, que deberá 
abrirse en la legación ó consulado de España que 



— 31 — 


se establezca en la República, á consecuencia de 
este Tratado; y se dará parte ai Gobierno de la mis- 
ma, para su debido conocimiento, del número, pro- 
fesión ú ocupación de los que resulten españoles en 
el Registro, el dia que se cierre, después de espi- 
rar el plazo señalado. Pasado este término, solo se 
considerarán españoles los procedentes de España y 
sus dominioSy y los que por su nacionalidad lleven 
pasaporte de autoridades españolas, y se hagan ins- 
cribir en dicho Registro desde su llegada.» 

Tampoco en este artículo se reconoce la nacio- 
nalidad española en los hijos de españoles nacidos 
en la República. 

Con las del Perú y Bolivia se han firmado Trata- 
dos que no han sido ratificados: con Nueva-Granada 
y Goatemala no se ha firmado Tratado alguno. 

¿En dónde están, pues, los precedentes que in- 
voca la España para sostener en las Repúblicas His- 
pano-Americanas la doctrina de que se reconozca en 
los hijos de españoles la nacionalidad de sus padres? 
Vamos á decirlo. 

Los únicos precedentes que, en contraposición 
con los que quedan espuestos, pueden dar márgen 
á sostener esta doctrina, son los Tratados de Paz y 
Reconocimiento celebrados con los Estados de Cos- 
ta-rica y Nicaragua, y con la República Dominicana, 

Hé aquí los artículos en que se consignan, en di- 
chos Tratados, las estipulaciones relativas á nacio- 
nalidad. 

»Para borrar de una vez todo vestigio de división 



— 32 — 

entre los súbditos de ambos países, tan unidos por 
los vínculos de origen, religión, lengua, costumbres 
y afectos, convienen ambas Partes contratantes en 
que aquellos españoles, que por cualquier motivo 
hayan residido en la República de Nicaragua (ó de 
Costa-rica ó Dominicana) y adoptado aquella nacio- 
nalidad, podrán recobrar la suya primitiva, si así 
les conviniere, en cuyo caso sus hijos, mayores de 
edad, tendrían el mismo derecho de opcion; y los 
menores, mientras lo sean, seguirán la nacionalidad 
del padre, aunque unos y otros hayan nacido en el 
territorio de la República.» 

«El plazo para la opcion será el de un año para 
los que existan en el territorio de la República, 
y dos para los que se hallen ausentes. No hacién- 
dose la opcion en este término, se entiende defi- 
nitivamente adoptada la nacionalidad de la Repú- 
blica.» 

«Convienen igualmente en que los actuales súb- 
ditos españoles, nacidos en el territorio de Nicara- 
gua ( ó de Costa-rica ó en la República Dominicana) 
podrán adquirir la nacionalidad de la República, 
siempre que en los mismos términos establecidos 
en este artículo opten por ella. — En tales casos, 
los hijos mayores de edad, adquirirán también igual 
derecho de opcion; y los menores de edad, mien- 
tras lo sean, seguirán la nacionalidad del padre.» 

«Para adoptar la nacionalidad será preciso que 
los interesados se hagan inscribir en la matricula de 
nacionales, que deberán establecer las legaciones 



— 33 — 


y consulados de ambos Estados; y transcurrido el 
término que queda prefijado, solo se considerarán 
súbditos españoles y ciudadanos de Nicaragua (ó de 
Costa-rica ó de la República Dominicana) los pro- 
cedentes de España y de dicha República, que por 
su nacionalidad lleven pasaporte de sus respectivas 
autoridades y se hagan inscribir en el Registro ó ma- 
trícula de la legación ó consulado de su nación.» 

Aquí está el precedente que invocan los sostene- 
dores de la doctrina de la nacionalidad española de 
los hijos de los españoles. — Es indudable que en 
los artículos que hemos copiado, la cuestión está 
resuelta conforme á su doctrina. Asi es que preten- 
den hacerla ostensiva á los Tratados con las demás 
Repúblicas Hispano-Americanas. — ¿Pero son tales 
estos precedentes que puedan pesar en la balanza 
mas que los contrarios ? — Esta pregunta equivale á 
esta otra. — ¿Los Estados de Costa-rica y Nicaragua 
y la República Dominicana pueden pesar, pueden 
importar mas que las Repúblicas de Méjico, Vene- 
zuela, Chile y el Ecuador? — Hecha esta pregunta, 
está evidentemente contestada. 

No. — Las concesiones hechas por dos de los cin- 
co Estados en que se ha dividido la antigua capi- 
tanía general de Goatemala, y por la parte española 
de la isla de Santo Domingo, no pueden invocarse 
como precedentes de importancia , cuando están 
contrarestados por los Tratados de Paz celebrados 
con las Repúblicas Hispano-Americanas mas impor- 
tantes. — Y esta importancia no debe apreciarse solo* 



— 54 — 


por lo que esas Repúblicas valgan en sí mismas; 
nosotros debemos apreciarla sobre todo con rela- 
ción á los intereses españoles. 

Y en este terreno no hay ninguna tan importan- 
te para nosotros como los Estados del Rio de la Pla- 
ta, si hacemos abstracción de la importancia política 
de las relaciones con Méjico, por la situación geo- 
gráfica de aquella República, respecto de la Isla de 
Cuba y de los Estados- Unidos. — Ninguna otra re- 
gión hay en la América del Sur á la que con ma- 
yor preferencia acuda la emigración europea; nin- 
guna en que obtenga mayores ventajas; ninguna 
tampoco en que nuestro comercio y nuestra nave- 
gación encuentre mercados tan importantes. — Pero 
esa considerable afluencia de población extranjera, 
hace imposible que aquellos Estados dejen de con- 
siderar como ciudadanos á los descendientes de esos 
extranjeros; no pueden hacerlo, no lo harán nunca; 
no es solo contrario á su interés, es incompatible 
con las necesidades mas vitales de su existencia y 
desarrollo. 


ÍX. 

Pero podrá decirse. La España no está obligada 
á consultar la conveniencia ni aun la necesidad de 
los Estados Americanos: solo le toca atender á su 
propia conveniencia. —Gomo respuesta á esta obser- 
vación, repetiré la idea que antes he apuntado. Es 
tal la identidad de intereses entre España y las Re- 
públicas Hispano-Americanas, que siempre que sur- 



35 — 


ge con alguna de ellas una disidencia política, po- 
demos asegurar que una de las dos parles se equi- 
voca, que una de las dos partes no comprende su 
verdadero interés. 

Ya queda demostrado que en la cuestión de que 
se trata, los Estados del Rio de la Plata (como to- 
das las demás Repúblicas Hispano-Americanas en 
que sea muy numerosa la población extranjera) no 
pueden ceder sin desatender la mas vital de sus 
necesidades, la de robustecer su nacionalidad. Vea- 
mos ahora que ganaría la España con hacer exten- 
siva su nacionalidad á los hijos de los españoles 
que han nacido y residen en los Estados Ameri- 
canos. 

Confieso que no encuentro ninguna conveniencia 
para España en el logro de esta pretensión, abso- 
lutamente ninguna. Lo que sí encuentro son incon- 
venientes muy graves. 

Primero. — Los hijos de los españoles, nacidos en 
América, son los que mas amor abrigan en su pe- 
cho ai suelo en que nacieron. Esta verdad eviden- 
te, incuestionable para cuantos conocen la América 
Española, está confirmada por el testimonio de la 
historia. — -Hijos fueron de españoles los mas ardien- 
tes iniciadores y sectarios del movimiento de inde- 
pendencia en la América Española.— El corazón de 
los que nacen en América es todo americano, se 
apega al suelo en que han nacido mucho mas que á 
la nacionalidad de sus padres. — Sin embargo, es 
indudable que si los americanos, hijos de españo- 



^se- 


les, pudieran inscribirse en los registros de las le- 
gaciones y consulados de S. M. acudirían á verifi- 
carlo; porque esa inscripción les salvaría de las pe- 
nalidades y peligros del servicio de las armas, y les 
proporcionaría una protección respetable el dia en 
que el partido político á que perteneciesen fuese 
vencido. 

¿ Y cuál seria la consecuencia de esto ? Imponer 
al Gobierno Español el inmenso gravámen de prote- 
ger á millares de individuos que ban nacido lejos de 
España, que nunca se proponen pisar el suelo es- 
pañol, que no contribuyen con su sangre ni con su 
hacienda á la defensa ni al sostenimiento de la na- 
ción Española, y que solo acudirían á guarecerse 
bajo su bandera para que el Gobierno Español, con- 
siderándolos como españoles, los protegiese de los 
conflictos que como americanos se atraerían. ¿Pue- 
de ser esto nunca conveniente para España? ¿Puede 
haber ni conveniencia ni justicia en imponer á la 
nación Española la obligación de gastar la sangre y 
los tesoros de sus verdaderos hijos, para ir á pro- 
teger á los que nada tienen de españoles? — Tiéndase 
la vista por la América Española. Véase los conflic- 
tos que surgen para España de la necesidad y de la 
obligación en que se encuentra de proteger á sus 
súbditos; y dígase si en vez de pretenderlo, no de- 
bería á toda costa rechazarse la idea de hacer es- 
tensiva esa protección á los millares de descendien- 
tes de esos súbditos españoles que vendrían á am- 
pararse de nuestro glorioso pabellón, como garan- 



— 37 


tía de salvación en las conmociones políticas que 
ellos mismos provocarían. 

Esta sería para nuestra patria la consecuencia im- 
prescindible del triunfo de la doctrina que se quiere 
sostener, si afortunadamente ese triunfo no fuese 
imposible. — Pero aun hay otro terreno en que debe 
examinarse la cuestión de conveniencia. 

¿ Qué es lo que conviene á nuestros intereses en 
América? ¿Que las Repúblicas Hispano-Americanas 
consoliden y afirmen sus nacionalidades de raza es- 
pañola, ó que privadas de los elementos necesarios 
para robustecerlas, débiles y estenuadas, pierdan 
su fuerza vital en convulsiones estériles y sean fácil 
presa de la codiciosa propaganda Anglo-americana? 
¿Nos conviene lo primero? Pues entonces, en vez 
de empeñarnos en negar á los Estados Hispano’ 
Americanos el único elemento con que pueden ro- 
bustecer su nacionalidad, que es la descendencia de 
la emigración europea, apresurémonos á reconocer 
en ellos el derecho de asimilarse ese elemento, con- 
tribuyendo así á la obra de su pacificación. 

X. 

Examinada la cuestión en el terreno del derecho, 
de los precedentes y de la conveniencia, pudiera 
considerar terminada mi tarea; pero para completar- 
la voy á demostrar, que independientemente de la 
solución que en los párrafos anteriores se da á la 
cuestión referida, hay otra consideración importan- 



— S8 — 

tísima y decisiva; y es, que la cuestión de naciona- 
lidad de los hijos de los españoles no es de tal na- 
turaleza, que sea necesario resolverla en los Trata- 
dos de Reconocimiento: que estos Tratados pueden 
y deben celebrarse dejando intacta aquella cuestión, 
que no es de reconocimiento de independencia, sino 
de derecho internacional. 

¿ Qué son los primeros Tratados que celebra la 
España con las Repúblicas Hispano-Americanas? Son 
el acto solemne por el cual la España reconoce la 
independencia de sus antiguas Colonias, renuncian- 
do todo derecho sobre las mismas. — ¿Qué cláusu- 
las, qué estipulaciones esenciales deben compren- 
der necesariamente estos Tratados? — Aquellas que 
sean condiciones imprescindibles de este recono- 
cimiento. Esto no quiere decir que no puedan caber 
otras en esos Tratados. Cuantas estipulaciones pue- 
dan contribuir á sellar y afirmar esa solemne recon" 
ciliacion, cuantas disposiciones vengan á dar testi- 
monio de que ambas Partes están bien persuadidas 
de que si en lo pasado las unió una común historia, 
en lo presente las liga una completa identidad de in- 
tereses, estarán en su lugar en esos Tratados; pero 
no son ni deben hacerse condición imprescindible 
de ellos. — Si acerca de esos puntos ofreciese difi- 
cultad el pronto acuerdo, no debe esto detener la 
celebración de los Tratados de Reconocimiento. — 
Fácil será, dado este primero y necesario paso, en- 
tenderse mas adelante sobre otros puntos. 

Lo que la España necesariamente debe exigir ai 



— 59 ^ 

hacer el reconocimiento de la independencia de los 
Estados Hispano-Americanos, es que estos acepten 
las cargas que pesaban sobre su pais, del mismo 
modo que recibieron la herencia de sus derechos; 
es decir, que reconozcan la Deuda de Tesorería que 
pesaba sobre las cajas españolas en América, hasta 
el dia en que aquellos territorios fueron completa- 
mente evacuados por las autoridades españolas; y 
esto debe exigirlo la España como condición im- 
prescindible del Tratado, porque asi lo exige impe- 
riosamente la justicia. — Lo que la España debe exi- 
gir al hacer el reconocimiento de los nuevos Esta- 
dos Hispano-Americanos, es que estos se obliguen 
á indemnizar los secuestros y confiscaciones hechos 
durante la guerra de la Independencia á súbditos 
españoles. — Lo que debe exigir por último, es que 
los españoles que durante las convulsiones de la 
guerra de la independencia americana, ó después 
de ellas, tuvieron que ceder á la presión de las cir- 
cunstancias aceptando la nacionalidad americana, 
puedan recobrar la suya primitiva si así les convi- 
niese. 

Estas son las condiciones necesarias, imprescin- 
dibles que la España no puede menos de sostener y 
estipular al reconocer la independencia de sus anti- 
guas Colonias. Esas condiciones encierran el arre- 
glo de las cuestiones inherentes al hecho de la in- 
dependencia, y nacidas de los sucesos que con ella 
coincidieron. Este es el arreglo de lo pasado.— Ar- 
reglado que sea, vendrán los arreglos para de hoy 



— 40 — 

en adelante. La base de ellos, cuando menos, debe 
sentarse también en el Tratado de Reconocimiento, 
porque claro está que al hacerse la reconciliación, 
entre España y sus antiguas provincias, es necesa- 
rio asegurar respectivamente á los ciudadanos de 
ambas Partes contratantes, por lo menos, las ven- 
tajas y beneficios que gocen los extranjeros de otros 
paises. — En punto á ventajas á los extranjeros, á 
garantías de seguridad para sus personas y hacien- 
das, y á concesiones liberales á la navegación y al 
comercio, el interés bien entendido de las Repúbli- 
cas Hispano-Americanas debe estimularles á ser 
hasta pródigos. — Piensen que su necesidad supre- 
ma es atraer á su suelo población europea, porque 
no solo es el elemento necesario para el desarrollo 
de su riqueza, sino lo que es. mas aun, para la con- 
servación de la paz. — Esta convicción va abriéndose 
camino en el espíritu de muchos hombres de estado 
americanos, y ella dará para la América frutos abun- 
dantes y provechosos. 

Pero si además de las condiciones imprescindi- 
bles de los Tratados de Reconocimiento puede y 
debe aspirar la España á introducir en ellos cláusu- 
las que contribuyan al fomento de su navegación y 
comercio en el Nuevo -Mundo y al bienestar de los 
españoles que en él residen, de ninguna manera de- 
be hacer condición sirte qua non de la celebración 
de los Tratados la resolución de un punto de dere- 
cho internacional, que la América tiene tan podero- 
sas razones para resolver de distinto modo que la 



— 41 


España. La nacionalidad que deban tener los hijos 
de los españoles, nacidos en las Repúblicas Hispa- 
no- Americanas, es una cosa enteramente extraña al 
Reconocimiento de su independencia: de ninguna 
manera puede ni debe hacerse depender este reco- 
nocimiento de la resolución de aquella cuestión. — 
Celébrense los Tratados de Reconocimiento deján- 
dola intacta. — Hasta ahora ninguna nación, como 
antes he dicho, ha obtenido lo que la España pre- 
tende. Si alguna lo obtuviese en adelante, que es 
bien seguro no lo obtendrá, Fa España estaría en su 
perfecto derecho reclamando para sí la misma fa- 
cultad que á otra nación se reconociera. — Entonces, 
y no ahora sería ocasión de que los que todavía 
crean que puede convenir á la España contraer la 
obligación de hacer ostensiva su protección á loa 
hijos de los españoles en América, hicieran valer 
las razones en que funden esa pretensión, cuya jus- 
ticia y cuya conveniencia desconozco completa- 
mente. 


XI. 

Queda, pues, demostrado que la pretensión de 
considerar como españoles á los hijos de españoles 
nacidos y residentes en las Repúblicas de América, 
es la verdadera causa de que aun no se hayan esta- 
blecido relaciones regulares con los Estados del Rio 
de la Plata y con otras varias Repúblicas: queda 
demostrado que semejante pretensión, discutible 



— 42 


cuando menos en el terreno del derecho, es contra- 
ria á los precedentes establecidos, á las necesidades 
mas vitales de la América y á la conveniencia mis- 
ma de la España; y queda demostrado por último, 
que aun cuando no lo fuera, no deberla hacerse de- 
pender de esa cuestión la celebración de los Trata- 
dos de Reconocimiento. — Resta solo exponer su- 
cintamente los graves inconvenientes que se siguen 
para los intereses españoles de que esos Tratados 
no se celebren. 

En primer lugar, es evidente que no porque la 
España sostenga esa pretensión, y se niegue á ce- 
lebrar los Tratados, si no se accede á ella, dejan 
los hijos de españoles de ser tratados y considera- 
dos en América como americanos, sin que la Espa- 
ña pueda evitarlo; pues no creo que á nadie le ocur- 
ra emplear la fuerza para este objeto. De suerte que 
el primer inconveniente de la negativa de la Espa- 
ña, es el de ser completamente ineficaz. 

Pero no es solo este: hay otros muy graves. — En 
las repúblicas no reconocidas aun por la España, no 
hay un pacto escrito que sirva de garantía á los de- 
rechos de nuestros compatriotas. — Si estos son bien 
tratados, se deberá á las buenas disposiciones de 
los gobiernos, á su propia conveniencia y á las na- 
turales simpatías que existen entre españoles y ame- 
ricanos; pero claro está que en caso de que nues- 
tros compatriotas sean vejados ó desatendidos, las 
reclamaciones del Gobierno Español carecerán de la 
fuerza que les darían las estipulaciones de un Tra- 



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tado solemne. Lo mismo digo de las disposiciones 
que en las Repúblicas Americanas puedan adoptarse 
en beneficio del comercio y navegación de otras na- 
ciones, con perjuicio de los nuestros. — Mientras no 
nos esté garantido por un Tratado el trato de la na- 
ción mas favorecida, no tenemos seguridad de se- 
guir obteniéndolo, y nuestras reclamaciones para 
conservarlo, en caso necesario, carecerian de la 
sólida base del derecho internacional positivo. 

Además, el desarrollo de las relaciones entre Es- 
paña y las Repúblicas Hispano-Americanas requie- 
re, y probablemente requerirá aun mas en adelan- 
te, el ajuste de otras estipulaciones sobre diversas 
materias. Pues todas ellas son imposibles mientras 
no existan los Tratados de Reconocimiento, base 
primera y precisa de nuestras relaciones con todas 
las Repúblicas Americanas de origen español. 

Por último, hasta que esto se verifique, los es- 
pañoles, cuyos bienes fueron secuestrados ó confis- 
cados en América, están privados de la indemniza- 
ción que de justicia les corresponde, y que se es- 
tipula en los Tratados de Reconocimiento. 

Tiempo es ya de que esos Tratados se conclu- 
yan. Cerca de medio siglo ha transcurrido desde 
que la América Española proclamó su independen- 
cia. — Veinticuatro años hace que las Górtes espa- 
ñolas decretaron el principio del reconocimiento.— 
Hora es de que ese principio tenga completa ejecu- 
ción. Harto tiempo hemos perdido: harto tiempo 
hemos dejado que la influencia y los intereses de 



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otras naciones se arraiguen y desarrollen esclusi va- 
mente en la América Española, con menoscabo de 
la influencia y de los intereses de la España. Nues- 
tra Nación vuelve en sí de su pasado abatimiento: 
recobra la conciencia de sus altos destinos, y dirige 
instintivamente sus miradas al Mundo de que un 
tiempo filé Señora, y del que hoy quiere y debe ser 
amiga fiel y sincera. — Allí viven millares de com- 
patriotas nuestros, que anhelan vivamente que en- 
tre los gobiernos se establezcan las mismas cordia- 
les relaciones que ya existen entre los pueblos. — 
Allí hay también naciones de raza española, que es- 
peran el poderoso apoyo de su antigua Madre para 
que esa raza no desaparezca del Nuevo-Mundo, ar- 
rojada por otra raza invasora y codiciosa. Común es 
nuestro interés, unos nuestros sentimientos, idén- 
ticas nuestras aspiraciones. — Atienda la España los 
clamores que hasta ella vienen desde las playas del 
Nuevo-Mundo; y hagamos lo posible para que el 
gran dia de la regeneración de nuestra patria sea 
también el de la regeneración de los pueblos de 
nuestra raza en América.